Banco Popular, ¿y ahora qué?

 

Después de resistir la crisis bancaria de 2012, saliendo adelante sin la necesidad de solicitar la ayuda estatal en forma de rescate del FROB, lo que parece una crisis de confianza ha acabado con el banco popular, y por añadidura con el banco pastor, absorbido y refundado en 2012, cuya adquisición se financió “a pulmón” con fondos propios de la entidad.

 

Parece difícil de entender que una entidad que llego a cotizar tres veces su valor en libros, casi 30 € por acción en marzo 2007, haya acabado siendo subastada por el Mecanismo Único de Resolución[1] el pasado martes, al no disponer de la liquidez necesaria para cubrir sus depósitos, alrededor de 60.347 millones de euros de los que 35.863 millones correspondían a personas físicas y 8.280 millones a pymes.

 

De hecho, en todo este proceso lo único que parece que ha funcionado correctamente ha sido el MUR. En las últimas semanas, las caídas continuadas en la cotización de las acciones del banco popular habían extendido el temor a una posible quiebra. Como consecuencia de esto, la entidad ha venido sufriendo retiradas masivas de depósitos, se estiman 18.000 millones de Euros en los últimos diez días.

 

Estas retiradas habrían provocado que le banco tuviera que solicitar el ELA[2] al BCE, el lunes 5 y el martes 6, pero el elevado volumen de retiradas hace insuficientes estas ayudas, y el proceso culminó en la tarde del martes cuando el banco no consigue cubrir las garantías de liquidez necesarias para seguir funcionando. Ante la posibilidad de quiebra, el MUR activó el mecanismo de liquidación y a través del FROB culminó en la conocida venta del Grupo Banco Popular al Banco Santander por el valor simbólico de 1 €.

 

Esta rápida actuación permitió que con el respaldo del banco Santander la entidad pudiese continuar el miércoles con su actividad. De no haber sido así, el Popular se habría visto obligado a cerrar sus puertas y declararse en concurso de acreedores, lo que parece un escenario peor que el vivido, y sin que, en teoría, la solución le haya supuesto ni un euro a las arcas públicas.

 

Ahora bien, esta venta ha supuesto que los accionistas del banco popular hayan tenido una pérdida del 100 % de su inversión. Se estima que el banco popular tiene 305.000 pequeños accionistas que han visto como de un día para otro, sus participaciones, en muchos casos sus ahorros han desaparecido. Unas horas después de la venta, varias plataformas ya han anunciado que tomarán medidas legales contra la directiva del banco alegando falsedad de cuentas. El banco Santander por su parte, mediante la figura de su presidenta Ana Botín, se ha apresurado a decir que no realizará compensación alguna a los accionistas del Banco Popular.

Como es habitual en este tipo de procesos, ningún agente implicado asume este fracaso como suyo, y a tenor de lo visto, serán los tribunales los que se encarguen de depurar responsabilidades.

 

¿Dónde debemos buscar culpables? Repasemos sus papeles:

 

-          Ángel Ron, el gallego fue nombrado consejero delegado en 2002, y posteriormente fue el presidente de la entidad desde el año 2004 hasta el pasado febrero de 2017, cuando es obligado a dejar su cargo. Tomó las riendas de un banco con una inmejorable reputación y una capitalización de más de 19.000 millones de euros y lo ha dejado con una capitalización diez veces inferior.

 

La entrada tardía en el negocio inmobiliario, en 2008, provocó que su balance acumulase activos no productivos, que a la postre se han convertido en 36.000 millones de euros de activos tóxicos, de los que el banco no se ha podido desprender. Su proyecto de creación de un banco malo, llamado Sunrise, con el objetivo de separar los activos inmobiliarios en esta entidad dejando el negocio rentable en el Banco Popular nunca llegó a ser una realidad.

 

Su empeño en no recurrir a las ayudas del estado, para la absorción del Banco Pastor, supuso un esfuerzo financiero que pasó factura a la entidad, en una coyuntura económica difícil para el banco que veía como la morosidad de sus créditos se disparaba.

 

Las dos ampliaciones de capital, de 2.500 millones en 2012 para cumplir con las nuevas exigencias de la banca y de otros 2.500 millones en 2016, no consiguieron sanear su balance. Todo lo contrario, la entidad fue perdiendo la confianza de inversores y agencias de calificación de deuda lo que provocó el hundimiento progresivo de su valoración bursátil.

 

Con el objetivo de sanear la entidad, en 2016 presentó un ERE que afectó a 2.600 trabajadores y se deshizo de cartera de crédito, pero la necesidad de dotar provisiones de 5.700 millones de euros para cubrir sus activos improductivos provocó que cerrase las cuentas del 2016 con 3.485 € millones de euros de pérdidas, las mayores de su historia.

El sin embargo declaró en su último acto público “me voy con la satisfacción del deber cumplido”

 

-          Emilio Saracho. Fue nombrado presidente en febrero de este mismo año. Con dilatada experiencia en la banca de inversión, dejó la vicepresidencia de JP Morgan para incorporarse al cargo, se interpretó su elección como un paso delante de la entidad en la búsqueda de una posible fusión. Se esperaba que “troceara” la entidad, deshaciéndose de los activos no estratégicos, y así ganarse la confianza del mercado, mejorando su posición para solicitar financiación o una fusión/absorción, pero no cumplió con las expectativas.

 

En su discurso en la junta de accionistas del banco en abril, anunció que el banco necesitaría una ampliación de capital indeterminada y se lamentó de la regulación existente, asegurando que “sería imposible cumplir sin recurrir al mercado”. Como decía el histórico presidente Luis Valls, “hay que ser previsible”, la falta de concreción en sus propuestas sembró la desconfianza en el mercado lo que supuso nuevas caídas de su cotización.

 

Solo consiguió vender la filial Targo Bank a su socio francés y su filial de créditos al consumo a ABANCA, además de pequeñas participaciones de cartera, insuficiente para sanear sus cuentas.  

 

El BCE instó el pasado 31 de marzo a que el banco presentase estrategias realistas de manera urgente para la evacuación de sus activos problemáticos, antes de este verano. La semana siguiente, después de una auditoria externa de las cuentas de 2016 y del proceso de ampliación de capital, el banco se ve obligado a realizar ajustes en sus cuentas por diferencias de valoración de créditos y determinados activos, por 600 millones adicionales. El Banco declaró que este ajuste no afectaría al resultado declarado en 2016, ya que se repercutiría en las cuentas del presente año, pero si afectaría a su solvencia, ya que disminuye su ratio de capital total, quedando al límite de lo exigido por el BCE.

 

Estos ajustes implican con casi total seguridad, asumir nuevas pérdidas en el primer semestre de 2017.

El Popular se marcó el pasado 10 de junio como fecha límite para la recepción de ofertas vinculantes de compra, pero la lentitud en la venta de activos y la falta de interés mostrado por las posibles compradoras, provocó que tuviese que desdecirse y ampliarlo hasta julio. Este hecho incrementó el temor de un rescate, perjudicando la ya débil imagen del banco.

 

-          CNMV/Banco de España. El papel de la CNMV como organismo supervisor e inspector y el del Banco de España como regulador, ha quedado en evidencia nuevamente en este proceso. A su larga lista de errores, como los escándalos de la comercialización de preferentes por varias entidades, los bonos convertibles con los que el Santander financió su ampliación de capital para la compra del banco holandés ABN-Amro, la salida a bolsa de Bankia, etc, hay que añadir la permisividad con la que ha dejado caer al Banco Popular.

Al contrario de lo que ha hecho estos últimos días con Liberbank, en los que han prohibido las posiciones cortas debido a la elevada volatilidad mostrada por la acción, no tomaron medidas de ningún tipo, aun siendo conocedores de que hasta un 12 % de las acciones estaban en manos de los bajistas. La CNMV ha querido diferenciar ambos casos, mientras que la caída del popular era coherente con los fundamentales de la empresa (necesidades de financiación, elevado activo no productivo, etc) en Liberbank no se daba ese caso. Es susceptible de distintas valoraciones, pero el resultado fue sensiblemente distinto, la acción de Liberbank subió fuertemente después de la intervención del regulador mientras que en el caso del popular perdió su valor.

 

-          Luis de Guindos, representando el papel del Gobierno como ministro de Economía, Industria y competitividad. Sin entrar en valoraciones, hacemos un repaso de sus declaraciones al respecto

 

o   03/04/17.- Agencia EFE. “GUINDOS ESTÁ CONVENCIDO DE QUE EL BANCO POPULAR HARÁ FRENTE A SU SITUACION”

o   10/04/17.- Europa Press. “DE GUINDOS CREE QUE LA BANCA ESPAÑOLA ESTÁ SANEADA Y VE A BANCO POPULAR SOLVENTE”

o   10/04/17.- EFE. “El ministro de Economía ha asegurado hoy que, por la información que recibe del Banco de España, el banco Popular es un banco “solvente”

o   12/04/17.- EFE. “El Gobierno insiste en que el Banco Popular no tiene problemas de solvencia ni de liquidez”

o   16/05/17.- Europa Press. “Guindos afirma que Bankia analiza el potencial interés de comprar el Banco Popular”

o   18/05/17.- Europa Press. “Guindos afirma que el Gobierno no inyectará dinero público en Banco Popular”

o   02/06/17.- Efe. “El Gobierno lanza un mensaje de tranquilidad absoluta sobre Banco Popular”

o   07/06/17.- Reuters. “Guindos dice que la venta a Santander es una buena salida para Banco Popular”

 

Finalmente, en su comparecencia en el congreso de los Diputados del día de ayer, cargó las tintas contra el presidente Emilio Saracho por no elaborar un plan de actuación concreto y provocar el desplome de las acciones, se refirió al banco como un “banco zombi” y se congratuló de que se hayan salvaguardado los depósitos.

 

Incluso entendiendo de que se trata de un papel difícil de interpretar, es de esperar un punto mayor de prudencia y de coherencia en sus declaraciones. Llegó a deslizar un interés, real o ficticio, de Bankia en la adquisición del Popular. Bankia está participada al 66% por el FROB, por lo que la compra del Popular sería una forma de rescate con dinero público, algo que el Gobierno había negado que haría en varias ocasiones y sería inaceptable para la opinión pública. De igual modo, si es verdad que no le convenció el plan de Saracho para sacar a la entidad de su situación, ante el riesgo sistémico que podría suponer, se me antoja insuficiente la participación del Gobierno en el proceso.

 

¿Y ahora qué?

 

El horizonte parece despejado para el sistema bancario español, una vez resuelto el rompecabezas que suponía la delicada situación del Popular. Se presupone que el Banco Santander no tendrá problemas para llevar a cabo la ampliación de capital necesaria para la asimilación del Popular, se ha hablado de 7.000 millones de euros.

 

Con la adquisición refuerza su negocio de pymes, donde el Popular tenía una cuota del 20 % del mercado, pero se va a encontrar con un problema de duplicidad y un exceso de plantilla. El Santander cuenta actualmente con 23.000 empleados, en los últimos meses ya ha realizado un ajuste de 2.500 trabajadores, y se va a encontrar con 10.600 empleados más. La negociación con los sindicatos de trabajadores será otro punto candente en los próximos meses. Veremos cuál es la estrategia definitiva del Santander, si decide fusionar su negocio o lo mantiene como filial tal y como está actualmente.

 

En cuanto a los accionistas, sólo les queda intentar una reclamación por vía judicial. Ya son varias las asociaciones que han manifestado que presentarán las correspondientes denuncias contra el equipo directivo de la entidad. La OCU, por ejemplo, ha presentado una querella contra el expresidente Ron y varios consejeros, la auditora PWC y su socio firmante Francisco Barrios por falsedad contable y estafa al inversor.

Parece que argumentos para reclamar no van a faltar, pero el proceso será largo y mientras unos lo han perdido todo, otros disfrutan de sus indemnizaciones millonarias.